Ricardo y Aniano, dos víctimas olvidadas

Artículo de Josep Miralles publicado en www.noticiasdenavarra.com el 13/08/2018

El pasado 5 de agosto Joseba Eceolaza, redactor de la ley de víctimas de violencia policial, escribió en NOTICIAS DE NAVARRA un artículo titulado Apuntes sobre la Ley de Víctimas de Violencia Policial. En él recordaba que “la cosa va de reparar un daño causado, en este caso, por funcionarios públicos y grupos ultra”. Es decir, no sólo se refería a violencia policial, sino también de grupos ultra.

Unos días más tarde, el 9, José Lázaro Ibáñez, secretario general de Partido Carlista de Euskalherria (EKA), se lamentaba de que en dicha ley no se incluyera al estellés Ricardo García Pellegero y al cántabro Aniano Jimenez Santos, asesinados ambos en Montejurra en 1976, por grupos ultra, al servicio de las cloacas del Estado, y con presencia policial que no hizo nada para impedirlo.

El 10 de agosto, Eceolaza replicaba a Ibáñez diciendo que “los asesinatos de Montejurra, por suerte, están incluidos dentro de los supuestos de la ley de víctimas del terrorismo, desde que la Audiencia Nacional así lo decidió en una sentencia de 2003. Por lo tanto, la ley de víctimas de violencia policial no les afecta. De hecho, el Gobierno de Navarra, al realizar el homenaje a las víctimas de violencia policial, que concretaba la ley, no incluyó a las víctimas de Montejurra”.

Bien, como todos los historiadores de la Transición sabemos, las víctimas de Montejurra fueron incómodas para todos. De hecho, como muy bien dice Eceolaza, se les reconoció como víctimas del terrorismo en 2003, ¡a los 27 años de los sucesos! Y ello fue gracias al coraje y tras una durísima lucha legal que el abogado tudelano ya fallecido, José Ángel Pérez-Nievas (que como Lázaro fue también secretario general de EKA) mantuvo contra todos los estamentos españoles y navarros a lo largo de 27 años;no lo consiguió ni gobernando el PSN, ni UPN, ni el posterior tripartito en los años noventa.

Para más escarnio, en el año 2000, en un homenaje del Gobierno de Navarra a las víctimas del terrorismo, se invitó también a los familiares de los asesinados en Montejurra, pero, a diferencia de los demás, solamente en el documento de los familiares de Aniano y Ricardo ponía, negro sobre blanco, que “no constituye por sí reconocimiento legal de situación o derecho alguno como víctima del terrorismo”. Tampoco Gesto por la Paz incluyó estos nombres en otro homenaje a víctimas de terrorismo. Todavía en 2001, la madre de Ricardo recibió una respuesta del Ministerio del Interior para que su hijo y Aniano no fueran considerados como víctimas del terrorismo, alegando interesadamente que lo de Montejurra fue un “enfrentamiento” y no una agresión en toda regla.

Pérez Nievas, contra viento y marea, continuó con su labor hasta que a finales de 2003 consiguió una sentencia en la que se les reconoció como tales. Sin embargo, ni el Partido Carlista, ni sus abogados quedaron satisfechos porque la Ley de Amnistía y otros obstáculos de todo tipo impidieron llegar a señalar con la X a los inductores últimos de aquella matanza que, para muchos investigadores, más allá de la banda terrorista que llevó a cabo el ataque, llevaba el sello de los servicios secretos del Estado, es decir, unos “funcionarios públicos” que entonces protegían a la Monarquía franquista.

Por todo ello, y por la sensibilidad que se les supone a los redactores de ley de víctimas de violencia policial, Aniano y Ricardo bien merecerían una doble compensación moral y que se les tuviera en cuenta también como víctimas de la violencia de funcionarios públicos y grupos ultra.

El autor es historiador